Es necesario que exista una obligación positiva imperativamente prevista por el ordenamiento o por un acto administrativo previo. (2016). en contra de Municipalidad de lo Barnechea (2006), e; Inversiones Covadonga Ltda. Recuperado de https://bit.ly/3fdpm96 Federación, deberán informar al contribuyente con el primer acto que implique el inicio de esas facultades, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho mencionado. Este inconveniente, no sucede en los ordenamientos -como el español- donde la posibilidad de acoger el reclamo en base a fundamentos no invocados por el impugnante que el motivo nuevo haya sido previamente sometido a una contradicción. La clave de esta tesis es muy simple: el objeto del contencioso es la pretensión, y el acto es solo un presupuesto procesal que no marca los límites ni el contenido del contencioso de revisión. 19 y ss)15. Recuperado de https://bit.ly/2O2Juio Se puede apreciar que estas cuestiones se refieren esencialmente a los presupuestos procesales, esto es, a una serie de requisitos que establece la ley procesal y que deben concurrir para la formación válida de la relación jurídica procesal, los que deben ser controlados de oficio de los jueces como emanación del principio de legalidad. [ Links ], Cordero Vega, L. (2009). (Menéndez Rexach, 2001, p.169)3. La cuestión, se centra en determinar hasta qué punto resulta admisible que en el contencioso administrativo se introduzcan alegaciones de hecho no incorporadas en la etapa administrativa o que conste en el expediente administrativo, e incluso hasta qué punto es posible aceptar que el impugnante asuma una posición jurídica diferente a la sustentada en sede administrativa. En este caso, el fundamento jurídico quedará delimitado por aquellos datos fácticos -solo aquellos-, que según el impugnante permiten conceder el efecto jurídico. Nuestra legislación regula la agregación de hechos nuevos, pero bajo el manto de la ampliación de la prueba. nulidad del acto, a todos los demás que los reproduzcan o confirmen, no tiene tampoco una regulación precisa en nuestra legislación. (Hunter Ampuero, 2015b, p. 234), por eso la doctrina ha señalado que “la aportación de nuevas pruebas y documentos no incorporados en la vía administrativa previa, no violenta la naturaleza revisora que caracteriza el orden jurisdiccional”. Revisaré a continuación algunos de esos casos: 2.1.1. Sin perjuicio de ello, nada impide que el impugnante pueda innovar respecto de la fundamentación jurídica de la impugnación, pueda argumentar en relación a la respuesta dada por el alcalde. [ Links ], Cordero Quinzacara, E. (2013). ���ax��XenB��g�1[>��4��Z� Ml4Mhh�f9��}�4��-�Ice��B���Y���7؏�ژgv�4��� Recuperado de https://westlawchile.cl id: CL/JUR/5203/2010 7 - 65 Conmutador - 3 817200 Ext. Milán: Giuffrè Editore. La prueba en el reclamo de legalidad y su relación con el procedimiento administrativo. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, (5), 163-185. A la hora de buscar explicaciones para la poca atención que reciben y han recibido históricamente los actos trámite -no obstante que puedan afectar per se el ejercicio de derechos y la validez del acto terminal-, compartimos la apreciación que hace Cordero, Luis, El procedimiento administrativo: desarrollo y perspectivas, en Pantoja, Rolando (coordinador), … El Art. (2006). Recuperado de https://bit.ly/2Wr4F20 Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 28 de junio de 2012. [ Links ], Medina Alcoz, L. (2005) La responsabilidad patrimonial por acto administrativo. En el Derecho Comparado, las relaciones entre procedimiento administrativo y judicial fueron abordadas a través de la institución de la desviación procesal, la que a su vez sustentaría dos posiciones. Recuperado de https://bit.ly/3fGYhv7 Se agrega que, dado que el reclamante no hizo valer en sede administrativa la falta de precisión y claridad en los cargos, ya sea al momento de formular sus descargos como en el ejercicio del recurso de reposición, no puede hacerlo al momento de interponer su reclamación judicial, pues aquello equivaldría a promover una cuestión nueva, que en el ámbito de la doctrina y jurisprudencia comparada, se denomina “desviación procesal”. En nuestro país se han superado las viejas discusiones en torno a los modelos de justicia administrativa para centrar la atención en las instituciones específicas del contencioso administrativo, y muy incipientemente en algunos contenciosos administrativos especiales. WebVALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO Competencia: Participan dos factores: la potestad atribuida al órgano u organismo a cargo de la función administrativa y el régimen de la persona o conjunto de personas que revestidos de funciones administrativas, representan al órgano u organismo titular de la competencia. parte general. [ Links ], Nieva Fenoll, J. Tercero Coadyuvante: Inmobiliaria Punta Piqueros S.A.), Rol N° 97792-2016 (Corte Suprema 6 de noviembre de 2017). En segundo lugar, atendida la importancia de estos vicios el juez puede controlarlos de oficio, sin necesidad de petición del impugnante. Dada esta regulación, y la posibilidad de abrir un término de prueba, se puede afirmar que la actividad probatoria es plena, sin restricciones de ninguna naturaleza respecto de los medios de prueba admisibles. Partiendo de la base que la función de los tribunales de justicia será siempre la de determinar si la pretensión se ajusta al ordenamiento jurídico más allá de los extremos en que se haya debatido por las partes, no es cuestionable entender que puede aplicar de oficio el Derecho para rechazar un reclamo de ilegalidad municipal. Recuperado de https://bit.ly/2CI5cWk [ Links ], Bellavista Oveja Tome SpA con Consejo de Monumentos Nacionales, Rol N° 38655-2017 (Corte Suprema 29 de diciembre de 2017). [ Links ], Bermúdez Soto, J. Revista de derecho (Valparaíso), (44), 337-367. doi: 10.4067/S0718-68512015000100010 %PDF-1.5 [ Links ], Picó i Junoy, J. Boletín Oficial del Estado, Madrid, España, 14 de julio de 1998. Lo anterior, sin embargo, dentro de los estrictos límites de la congruencia7. La tutela cautelar en la justicia administrativa chilena: fundamentos, regulación, limitaciones y desafíos. 207-251). Analisis e diritto, (9), 119-151. RESUME a) El contenido esencial. Relaciones entre la etapa administrativa y jurisdiccional: ¿hay una exigencia de congruencia o identidad entre ambas? De esta manera se advertiría una diferencia sustancial entre el objeto de la reclamación y la pretensión del recurso administrativo, lo que atentaría contra el carácter revisor que tendría la jurisdicción ambiental y lo desnaturalizaría (al que también más adelante señala como principio de congruencia). 83-122). lidaridad, cuando cumplen con elementos de validez y existencia, como el que sea o se considere una unión estable, pública y voluntaria, y que cumpla con la obligación de proteger a sus integrantes identificándolos en la co-munidad donde se desarrollan e interactúan como un solo núcleo solidario, para tales efectos. La posesión de un documento de identidad es obligatoria en la mayoría de los países europeos e iberoamericanos, mientras … La pregunta acerca de si el juez de lo contencioso administrativo queda circunscrito a los vicios de ilegalidad que se alegan en la reclamación, o tiene plena libertad para estimar vicios de ilegalidad que no hayan sido invocados, requiere efectuar una serie de distinciones. Con todo, en este caso la pretensión del ciudadano no será la anulación del acto administrativo (en rigor no hay acto previo) sino que la declaración de ilegalidad de la omisión de la Administración, unido a la condena a realizar una determinada prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer, a la que está obligada por la existencia de una relación jurídica sustancial que emana directamente de la ley (Cordón Moreno, 2001, p. 155). En este sentido la tesis de Medina Alcoz (2005, pp. Recuperado de https://bit.ly/2VMg1xa 3° del TUO de la Ley 27444, se tiene a la motivación como requisito de validez de todo acto administrativo, debe estar conforme al ordenamiento jurídico y en proporción al contenido dictado en él. 54), puede extrapolarse como argumento general. 207 (Ley N° 1.552, 1902), que comienza indicando que, salvo excepciones como la del art. General Jurídica y de Gobierno del órgano político administrativo corres-pondiente. 2.3.7. La segunda tesis, más restrictiva, entendía que el acto administrativo materia de la revisión no solo constituía un presupuesto procesal, sino además marcaba los límites de las pretensiones, alegaciones y prueba que puede hacer valer el impugnante en sede judicial. - Determina las materias propias de cada autoridad y establece los límites de las personas jurídicas públicas y los órganos … [ Links ], Cordero Vega, L. (2015). Recuperado de https://bit.ly/3kfqpIi La actividad formal de la administración del estado (Vol. Así también: Aguas Araucanía S.A. con Comisión de Evaluación Ambiental IX Región (2018). En primer lugar, por vicios de orden público no puede entenderse la infracción o falta de cumplimiento de cualquier norma de derecho público. (2015a). Recuperado de https://bit.ly/3fHU5ew [ Links ], Concesiones Recoleta S. A. con I. Municipalidad de Recoleta, Rol N° 8110-2016 (Corte Suprema 14 de agosto de 2017). 1También puede leerse en una sentencia de la Corte de Chillán, Sánchez Medina con Municipalidad de Chillán (2011). International S. A y Muñoz Luza Juan Andrés, Rol N° 6065-2010 (Corte Suprema 2 de noviembre de 2011). Reglas de racionalidad para la adopción y el control de la decisión administrativa. [ Links ], Hunter Ampuero, I. 40 y 45) de la prueba, cualquier modificación, adición o supresión de un elemento de juicio supone un nuevo contexto informativo en que se adopta la decisión, entiendo que sobre estas razones debe primar el ejercicio del derecho a la prueba como manifestación del derecho de defensa. Esto quiere decir que, frente a una prueba producida por la Administración, el interesado tiene la oportunidad de participar activamente en su producción y sobre todo de producir prueba en contrario. Esta distinción, si bien parte de una base dogmática, como en la Ley 29 (1998, art. El problema que puede suscitarse en algunos de los casos señalados se relaciona con la falta de contradicción previa del asunto, esto es, que existen determinados presupuestos de la pretensión que al ser controlados de oficio no han sido objeto de debate por los interesados. El reclamante, al momento de interponer el recurso de reposición ante la SMA, habría solicitado la adecuación de la sanción de clausura definitiva del sector pozos de extracción de agua ubicados en el corredor biológico Pantanillo-Ciénega Redonda, pretensión que no se condice con la reclamación judicial en la que se había solicitado la anulación de la resolución sancionatoria en razón de que los cargos no eran claros ni precisos. En efecto, el derecho a probar constituye una emanación del derecho a la defensa jurídica, y en último término, es un componente esencial del justo y racional procedimiento (Constitución Política de República de Chile, 2005, art. Esos hechos no pueden ser sino los que configuren la ilicitud de la actuación administrativa, y constituyen causa de pedir, entendida: …no en el sentido de establecer los motivos o argumentos jurídicos que lo apoyan, que no forman parte de la pretensión stricto sensu, sino los acontecimientos de la vida en que se apoya la pretensión, los acontecimientos ‘de hecho’ que la individualizan y la diferencia de cualquier otra, a modo de delimitación del trozo o parcela concreta de la realidad al que la pretensión se refiere. La Corte Suprema, en sentencia de 14 de agosto de 2017, (Concesiones Recoleta S. A. con I. Municipalidad de Recoleta, 2017), aceptó que detrás de la exclusión de la impugnación de los actos trámite se encuentra la lógica de la Ley N°19.880 (2003, art. [ Links ], Sociedad de Inversión Pizarro Limitada con Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Rol N° 1879-2009 (Corte de Apelaciones de Valparaíso 18 de agosto de 2010). [ Links ], Ley N° 1.552. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 09 de marzo de 1994. 224/2022 TAD En Madrid, a 2 de diciembre de 2022, se reúne el Tribunal Administrativo del Varias razones pueden justificar esta restricción. (2006). Justicia administrativa: revista de derecho administrativo, (Extra 1), 93-114. Recuperado de https://bit.ly/3ebrDQR Posibilidad de controlar de oficio los presupuestos de la acción interpuesta. La razón que se esgrime es la certeza y seguridad jurídica como supuestos del justo y racional procedimiento. Valencia: Tirant lo Blanch . Que, sobre el acto viciado, es necesario precisar que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 3 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, es un requisito para la validez del acto administrativo, [ Links ], Inmobiliaria Patagonia S.A., Inmobiliaria Parque Tres S.A. con Alcalde de la I. Municipalidad de Providencia, Rol N° 73800-2016 (Corte Suprema 21 de agosto de 2017). (2015b). Se trata de un proceso en que se cuestiona la satisfacción del interés público (Valdivia Olivares, 2017, p. 352), se enjuicia el actuar de la Administración y la sujeción a la legalidad como elemento legitimador de la actividad estatal. En general la doctrina parte de la base de que cualquier reflexión que quiera hacerse de la prueba debe arrancar del carácter revisor del contencioso administrativo, desde que será la vía o etapa administrativa el momento en que se habrán cuestionado, debatido y probado los hechos, mediante la incorporación y valoración de los diferentes medios de prueba (Cordón Moreno, 2010, p. 290). En segundo término, la exigencia de señalar con precisión la norma jurídica infringida y la forma en que se produjo la infracción, tiene por finalidad situar la controversia y debate en unos contornos más o menos determinados. y Des. 13En los autos Rol N° 3682-2017, “Ecomaule S.A con Superintendencia del Medio Ambiente” la Corte Suprema en sentencia de 20 de diciembre de 2017, declaró inadmisible un recurso de casación interpuesto en contra de una sentencia del Segundo Tribunal Ambiental por entender que ésta no se dirigía a impugnar una sentencia definitiva. En concreto, el ciudadano podría perfectamente, sin incurrir en desviación procesal, complementar y reforzar las argumentaciones jurídicas contenidas en el reclamo interpuesto en sede judicial. En su Jornadas de estudio sobre la jurisdicción contenciosa administrativa (pp. Recuperado de https://bit.ly/32tzh6X Según esta doctrina, …una cosa es la pretensión, de la que forma parte de los hechos y la petición stricto sensu, y otra cosa es la argumentación jurídica o fundamentación de aquella. La revisión del acto administrativo, siempre requiere de un bloque de legalidad de referencia que permita definir el ámbito y alcance de la controversia. Se trata, en apretada síntesis, de responder la siguiente interrogante: ¿En qué medida las posiciones jurídicas, pretensiones, prueba y alegaciones que el ciudadano realiza en sede administrativa resultan obligatorias y vinculantes en la etapa judicial? [ Links ], Espín Templado, E., Fernández Montalvo, R., Murillo de la Cueva, P. L., Teso Gamella, M. P. y Xiol Ríos, J. La respuesta a este problema supone interpretar y definir una serie de factores propios del Derecho Administrativo y Procesal. Ahora bien, si bien se ha señalado que no resulta posible la introducción de hechos nuevos que modifiquen o alteren la causa de pedir, y que en este aspecto debe existir una congruencia entre el procedimiento administrativo y el jurisdiccional, la jurisprudencia de la Corte Suprema no ha exigido una identificación absoluta entre los hechos alegados en sede administrativa y judicial, de manera que la reclamación puede efectuar un mayor desarrollo de los hechos, antecedentes o argumentos previamente incorporados en la instancia administrativa (José Horacio Cayún Quiroz con Servicio de Evaluación Ambiental, 2017). [ Links ], José Horacio Cayún Quiroz con Servicio de Evaluación Ambiental, Rol N° 100805-2016 (Corte Suprema 29 de diciembre de 2017). Con todo, en este caso la pretensión del ciudadano no será la anulación del acto administrativo (en rigor no hay acto previo) sino que la declaración de ilegalidad de la omisión de la Administración, unido a la condena a realizar una determinada prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer, a la que está obligada por la existencia de una relación jurídica … Se ha dicho por la doctrina que: Para evitar el riesgo de que el control de la inactividad se convierta en un cajón de sastre en el que buscar remedio ante cualquier comportamiento omisivo o puramente pasivo de la Administración, parece necesario subrayar que el control no es admisible ante cualquier tipo de inactividad, sino solamente cuando ésta supone un incumplimiento de sus deberes legales por parte de la Administración. La prueba en el proceso civil (4a ed.). Esto puede resultar interesante cuando se trata del ejercicio de poderes discrecionales por parte de la Administración. [ Links ], Valdivia Olivares, J. M. (2017) Reflexiones sobre las acciones en derecho administrativo. La pregunta en cuestión no se ha desarrollado en nuestro país, y se requiere una mirada interdisciplinaria desde el Derecho Procesal y Administrativo. Similar opinión se sostiene en nuestra doctrina (Cordero Vega, 2015, p. 628). [ Links ], Valenzuela/Jorquera (Dirección Obras I. Municipalidad Villa Alemana), Rol N° 18154-2017 (Corte Suprema 3 de agosto de 2017). De esta manera, permitir que la Administración pueda suplir la actividad probatoria que debió producir y constar en el expediente administrativo, implica validar una decisión que se dictó sin los antecedentes que la justifican, y que es, por ende, arbitraria. La ilegalidad del ente municipal no se produce con la simple inactividad. LA INEXISTENCIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, NO DE LOS “ACTOS En el sistema de derecho continental europeo se pondera a la ley antes que otras fuentes como la jurisprudencia o la costumbre (que no suelen ser consideradas fuentes formales), … En esto hay que ser cuidadosos, especialmente cuando interviene en el proceso judicial el beneficiario del acto impugnado. Se analiza la siguiente pregunta: ¿En qué medida las posiciones jurídicas, pretensiones, prueba y alegaciones que el ciudadano realiza en sede administrativa, resultan obligatorias y vinculantes en la etapa judicial? [ Links ], Medina Alcoz, L. (2016b). GD�rl{UUc�0u缸�%6�O��e�/�m�˽�>vS. El valor del expediente administrativo. [ Links ], Proceso contencioso-administrativo. 9Así lo ha resuelto la Corte Suprema en diferentes sentencias; Colegio Almondale Valle con Superintendencia de Educación(2016); Sociedad Escuela Especial Diferencial Renacer Limitada con Superintendencia de Educación (2016); Escuela de Trastornos de la Comunicación Yamanqui, Yuly Calpe Zúñiga EIRL con Superintendencia de Educación (2015); Instituto San Pablo Misionero c Superintendencia de Educación (2015). Estamos en presencia de situaciones en que la Administración, en el procedimiento administrativo o en el acto terminal, ha infringido ciertos requisitos o trámites que se consideran indispensables para la formación de la voluntad administrativa, de manera que sin su cumplimiento el acto terminal carece de toda legitimidad. [ Links ], Fernández Torres, J. R. (1998). A lo anterior, se suma la posibilidad de requerir informes a otros órganos de la Administración, especialmente a los organismos técnicos (Ley N° 19.880, 2003, art. Quinta causal: Violación del ordenamiento jurídico, referido a la desviación de poder 2. Tribunales Ambientales y contencioso administrativo. Por último, un antecedente relevante en esta materia es la posibilidad de incorporar en sede judicial un relato fáctico diferente al señalado en la etapa administrativa. [ Links ], Barrero Rodríguez, C. (2006). El presente trabajo, proyecta ser un aporte a la discusión del reclamo de ilegalidad municipal consagrado en el art. Este requerimiento no está expresamente establecido, pero puede desprenderse de la parte final del DFL 1 (2006, art. (2016). Boletín Oficial del Estado, Madrid, España. Otro caso en que también se manifiesta las relaciones entre procedimiento administrativo y proceso jurisdiccional lo constituye el resuelto por la Corte Suprema, en sentencia de 15 de enero de 2018, Rol N° 258-2017, sobre impugnación del art. La ausencia de una regulación general de los conflictos entre la Administración y los ciudadanos, así como la proliferación del recurso de protección como mecanismo desformalizado de control, pueden ser dos causas que explican los elevados niveles de incerteza que tienen las reglas procesales aplicables a estos procesos. 34 y 35) es categórica en establecer el deber de la Administración de instruir el procedimiento administrativo y de realizar todos los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse los actos. Artículo 9.- El acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada. En J. Arancibia Mattar y A. Romero Seguel (Coord.). Recuperado de https://bit.ly/2ZDHnrJ Esto ha ocurrido, en algunas ocasiones, respecto de los casos en que la ley establece que ciertas normas son de aplicación imperativa, y en consecuencia, deben ser aplicadas de oficio por el tribunal, como fue el caso resuelto por la Corte Suprema, en sentencia de 6 de noviembre de 2017, …no se observa de qué manera se habría verificado el vicio de ultra petita denunciado, desde que los falladores adoptaron la decisión censurada por el recurrente como consecuencia del ejercicio de facultades que les permiten, precisamente, obrar de oficio, motivo por el que el recurso en examen será desestimado también en esta parte. Recuperado de https://bit.ly/3gJ9USz [ Links ], Hernández/Municipalidad de Fresia, Rol N° 97928-2016 (Corte Suprema 4 de septiembre de 2017). 2). Por fundamento jurídico, debemos entender la adscripción que un litigante formula de unos hechos a unas determinadas normas jurídicas, que le permite obtener el efecto jurídico pretendido en la reclamación. [ Links ], Ley N° 19.880. No puede haber una omisión ilegal sin requerimiento del ciudadano al órgano administrativo4. Se trata de espacios de decisión (ponderación de intereses) que el legislador ha radicado exclusivamente en la Administración, y que por tal motivo no puede ser sustituido por la jurisdicción. DE LA EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Artículo 8.- El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso. 149-150) para la protección o tutela de otros derechos o bienes jurídicos. 2013-033 El acto debe contrastarse con el derecho, sin que pueda justificarse su impugnación en razones de mérito, oportunidad o conveniencia. (2007). [ Links ], Escribano Collado, P. (1993). susceptibles de adquirir validez en toda la República, mediante la revalidación o la equivalencia de estudios. Santiago: Librotecnia. Le verità amministrative. Transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación electrónica sin haber accedido a la misma, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y surtirán los efectos previstos en los artículos 41.5 y 43.2 de la Ley39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dándose por … BLANQUER CRIADO , D.: «Digresiones sobre la invalidez de los actos administrativos», Homenaje a Santamaría. La modificación de la demanda en el proceso civil. 1.1.4. Estas normas ya no se presentan en forma ostensible, pero ciertamente asumen ciertas modalidades, siendo la más patente los denominados “privilegios probatorios de la Administración” (Romero Seguel, 2016). Mi posición, sin embargo, busca hacer compatibles ambos extremos, y pasa por postular una redefinición del objeto de la prueba (Blanquer Criado, 2007, pp. 238 a 240). Esta ampliación de hechos es perfectamente posible en el reclamo de ilegalidad, siempre y cuando se trate de hechos que no modifiquen la causa de pedir, ya que ello implicaría una modificación del objeto del proceso, como tampoco que modifiquen los aspectos subjetivos del proceso (Castillejo Manzanares, 2006, pp. 1. Actos decisorios y actos no decisorios 3.2. El Gobierno Nacional reglamentará en el término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, la integración y funciones de una comisión permanente de trabajadores, empleadores y pensionados, para analizar las fallas en la prestación del servicio administrativo de seguridad social, para que con un enfoque de rentabilidad social mantenga … Para ello, puede crear filtros que permitan al juez declarar inadmisible la prueba que no se haya aportado a la etapa administrativa. De igual forma, la jurisprudencia nacional ha ido identificando ciertos requisitos o trámites que los considera esenciales en el procedimiento administrativo, como la motivación de los actos8, la imparcialidad del órgano a cargo del procedimiento9, la ausencia de contradicción10, etc. 341-381). Su definición ampliada era que algo es «un» Estado «si y en la medida en que su personal administrativo defiende con éxito un reclamo sobre el 'monopolio del uso legítimo de la fuerza física' en la ejecución de su orden». llo: “acto administrativo es el dictado en ejercicio de la función admi-nistrativa, sin interesar qué órgano la ejerce”.2 1 Juan carlos assagne, El acto administrativo, abeledo Perrot, buenos ires, 1981, p. 87. [ Links ], Méndez Ortíz, P. (2017). Recuperado de https://westlawchile.cl id: CL/JUR/1256/2016 En primer lugar, se debe tener presente que las cuestiones jurídicas del reclamo de ilegalidad deben quedar situadas en sede administrativa. No se trata de la simple cita de un artículo o norma legal, sino del razonamiento jurídico expresado en la demanda (Nieva Fenoll, 2006, p. 182). En la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos que sirven de referencia al nuestro, la omisión de la audiencia es sancionada con la invalidez del acto, siendo considerando un trámite esencial. %���� En los autos Rol N° 47.629-2016, en sentencia de 29 de mayo de 2017, (Comunidad Mapuche Sucesión Quiñimil Pirul y otros con Comisión Evaluación Ambiental VIII Región, 2017), estimó que la alegación de extemporaneidad efectuada por el tercero coadyuvante de manera previa a la vista de la causa, era suficiente garantía de contradicción. Configuración del acto u omisión ilegal y las relaciones entre procedimiento administrativo y proceso judicial. En cuanto a la posibilidad de utilizar en la etapa judicial libremente los materiales jurídicos, se estima que, por regla general, y atendido lo dispuesto en el DFL 1 (art. Los privilegios probatorios de la administración en la litigación pública. Santiago: Legalpublishing . El gasto público es el total de gastos realizados por el sector público del Estado, en la adquisición de bienes y servicios.En una economía de mercado, el destino primordial del gasto público es la satisfacción de las necesidades colectivas, mientras que los gastos públicos destinados a satisfacer el consumo público solo se producen para remediar las deficiencias del mercado. Aproximación a los efectos resarcitorios de la ilegalidad, la morosidad y la deslealtad desde una revisión general del sistema. Recuperado de https://bit.ly/2DoBohS En esta tarea de concreción del espacio de creación normativa, pueden existir desajustes entre aquellos hechos que el ciudadano estima que constituye el ejercicio correcto de la potestad discrecional y los que la Administración define para concretar su espacio de creación. Se produciría, en este caso, una suerte de “sustitución” de la decisión administrativa por la vía probatoria, desde que los tribunales de justicia actuarían en relación a información que no ha sido considerada por la Administración. Ello puede generar un grado de indefensión procesal, pero que es natural en toda resolución judicial que resuelve una controversia con base a sus propios argumentos. 29 in. El debido proceso en el orden de la justicia administrativa supone reconocer a todos los ciudadanos la posibilidad de aportar prueba (Bordalí Salamanca, 2005, p. 379; Tarullo, 2004, pp. En rigor, el acto es ilegal no porque carezca de motivación, sino porque los supuestos materiales necesarios para el ejercicio de las potestades administrativas no se han verificado. Quizás el caso más palmario que se ha resuelto, es la reclamación interpuesta por la Compañía Minera Maricunga con SMA, que resolvió el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, en sentencia de 31 de agosto de 2017, (Compañía Minera Maricunga con Superintendencia del Medio Ambiente, 2017). Esto se da generalmente en los actos reglados, en que el ciudadano goza de un verdadero derecho subjetivo en contra de la Administración para exigir de ésta una prestación concreta (Cordero Vega, 2015, p. 628). No admitir estos hechos cuando pueden ser fundamentales para la resolución del litigio sería sumamente injusto, de ahí que la preclusión no rija para los hechos nuevos (nova producta) o los de nueva noticia (nova reperta), Picó i Junoy (2006, pp. Por otra parte, fundamentación jurídica consistiría en la invocación de las razones jurídicas que permiten justificar o sustentar esa adscripción de hechos a las normas jurídicas concretas (Véase, al respecto, Comanducci, 2001, pp. En líneas gruesas puede decirse que un acto es ilegal cuando su contenido se aparta del ordenamiento jurídico. [ Links ], Tolosa Tribiño, C. (2011). Concepto 2. Siguiendo a Moderne (1993), es posible detectar diferentes tipos de control de legalidad: control de la legalidad externa, dentro de los que encontramos al control de la competencia del órgano o funcionario y del procedimiento. 14). 3). Conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (2ª ed.). Terminaré con las conclusiones. La acción y la protección de los derechos. Desde el punto de vista de las omisiones imputables al alcalde o sus funcionarios, es necesario que exista una obligación específica impuesta por una norma o un acto administrativo para que se configure su ilegalidad, unido además al requerimiento del ciudadano. ; pp. %���� La hipótesis que se esgrime, es que sí existen esas relaciones de congruencia que influyen en la interpretación y alcance de las normas procesales aplicables, especialmente en el ámbito de la prueba, los hechos y las normas jurídicas que resuelven la controversia. Santiago: Editorial Jurídica de Chile. Sobre el particular, cabe precisar que el artículo 14.1 de la Ley 27444 establece que “Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora” (Resaltado agregado). @nT��*��Y��Ȥ�զy��]�t� Recuperado de https://bit.ly/3hglVPH Recuperado de https://bit.ly/2ZwLqF1 Cuando la ley señale un plazo superior para resolver la petición sin que ésta se … [ Links ], Rebollo Puig, M., Izquierdo Carrasco, M., Alarcón Sotomayor, L. y Bueno Armijo, A. Si esto no ocurre, deberán hacerse valer como fundamento o motivo de la impugnación del acto terminal (González Pérez, 1992, pp. [ Links ], García Pérez, M. (1998b). Revista jurídica Castilla y León, (23), 205-230. Según la doctrina, la introducción del expediente administrativo en el contencioso administrativo cumple tres funciones: i) permite la igualdad de armas; ii) es un medio de prueba; iii) habita al tribunal para introducir hechos incorporados en el expediente administrativo (Blanquer Criado, 2007b, pp. No es razonable ni económica una judicialización excesiva del procedimiento administrativo, dado que éste busca llegar pronto a la emanación de una decisión que satisfaga el interés público. Valencia: Tirant lo Blanch. No existe en nuestro derecho una regla general que permita la impugnación de la inactividad de la Administración, lo que no significa que esa inactividad no pueda ser llevada a los tribunales de justicia, como señala la doctrina, …el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva exige que los Tribunales puedan reaccionar frente a la inactividad formal de la Administración que no ejerce sus potestades y que no dicta las correspondientes resoluciones que ponen fin al procedimiento (inactividad formal o declarativa). [ Links ], Cencosud Administradora de Procesos S.A. con Inspección Provincial del Trabajo Puerto Montt, Rol N° 100-2014 (Corte de Apelaciones de Puerto Montt 29 de septiembre de 2014). [ Links ], Inversiones Las Fresas LTDA. NULIDAD Y ANULABILIDAD DE LOS ACTOS . Recuperado de http://bcn.cl/1v6nd En este caso, la ausencia de una contradicción no genera indefensión, pues el tribunal deberá siempre aplicar esas disposiciones más allá si ha existido contradicción. Solo en el caso que el ciudadano es titular de un derecho prestacional -del “bien auspiciado” en palabras del autor-, se puede esperar una condena a la Administración para que satisfaga el bien en cuestión. Esa controversia puede rebasar incluso hasta el mismo acto administrativo previo, es decir, en sede judicial pueden plantearse cuestiones jurídicas que no han sido decidas precisamente por la Administración. Milán. Justificación judicial: validez material y razones. Se debe precisar que el requerimiento previo no tiene por objeto convertir la omisión de la Administración en un acto positivo de contenido negativo, aunque ciertamente puede generar ese efecto. Estudios de justicia administrativa (2ª ed.). Ello puede generar un grado de indefensión procesal, pero que es natural en toda resolución judicial que resuelve una controversia con base a sus propios argumentos. Revista española de derecho administrativo, (177), 103-158. Doctrinariamente es posible reconocer una inactividad formal y una inactividad material de la Administración. endobj [ Links ], Antileo con Municipalidad de Arica, Rol N° 338-2017 (Corte Suprema 12 de octubre de 2017). 351-372). [ Links ], Inmobiliaria Casa de Italia S.A./ Consejo de Monumentos Nacionales, Rol N° 33725-2017 (Corte Suprema 17 de octubre de 2017). Recuperado de https://vlex.cl id: 339925634 HĬ{�a8v[td?|�"�{� �0|pY@(k�}��ڹ���� & ��`P+E߼zS�M�tǺ�jU7�̳҅�PO� '�M8"��*�h9��_�`��LLC�)�E�O���У&S����e�H���;=c�ǟT�u00o�ƋӮȍ� cA���]��^��㉭���,h��)7*�I8/eY����ɼ����u�=�"-���ehҐ��o7�����{���H�D_�0)�'ʺ�j&e6�� ɚc!+ �q? Crea los Tribunales Ambientales. 2 agustín Gordillo, El acto administrativo, 2a. [ Links ], Corporación para el Desarrollo de la Región de los Ríos con Ministerio del Medio Ambiente, Rol N° 83344-2016 (Corte Suprema 26 de julio de 2017). Véase, además; Tolosa Tribiño, 2011 y Barrero Rodríguez, 2006, pp. (2017). Recuperado de https://bit.ly/2CHTs6c Solo el acto final es capaz de producir efectos fuera del procedimiento en que es dictado, y de generar una lesión actual o futura en un derecho o posición subjetiva de ventaja de un ciudadano. ); Rebollo Puig, Izquierdo Carrasco, Alarcón Sotomayor y Bueno Armijo (2009, p. 657). Cizur Menor: Aranzadi. [ Links ], Sánchez Medina con Municipalidad de Chillán, Rol N° 368-2010 (Corte de Apelaciones de Chillán 31 de mayo de 2011). El mejor temario de Administrativo del Estado: beneficios y ventajas del Temario OpositaTest. The hypothesis that establishes the relations of congruence that influence the interpretation and scope of the applicable procedural rules, especially in the field of evidence, facts and legal rules that resolve the controversy. Notas sobre la legitimación en la jurisprudencia. La segunda, es que si bien es posible afirmar que atendido el carácter contextual (Ferrer Beltrán 2007, pp. accion de carlos albert o - la naccion - auto admite demanda 17/01/2011 2016 00869 nulidad y sanchez cruz ministerio de Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 30 de agosto de 1902. 2. a motivación como requisito esencial (…)L del acto administrativo y Des. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. La posibilidad que la ley confiere a la contraparte para poder alegar hechos nuevos o de nueva noticia, busca mantener el carácter dialéctico del juicio y permite materializar el derecho de defensa, que se vería gravemente vulnerado de impedir alegar hechos que privan o destruyan el efecto de los alegados. Para que los ciudadanos puedan satisfacer adecuadamente las cargas probatorias que se le asignan, el ordenamiento jurídico les reconoce un amplio derecho a probar, esto es, el derecho a utilizar todos los medios de pruebas útiles y pertinentes. [ Links ], Hunter Ampuero, I. Así cobra sentido el precepto comentado: los motivos o fundamentos jurídicos pueden ser introducidos en el proceso por las partes en cualquier momento apto para realizar alegaciones sobre la cuestión debatida, e incluso pueden ser apreciados de oficio por el órgano judicial (iura novit curia) siempre que se garantice el ejercicio del derecho de defensa… (García Pérez, 1998b, p. 302). Partiendo de la base que la función de los tribunales de justicia será siempre la de determinar si la pretensión se ajusta al ordenamiento jurídico más allá de los extremos en que se haya debatido por las partes, no es cuestionable entender que puede aplicar de oficio el Derecho para rechazar un reclamo de ilegalidad municipal. Así, hay omisión ilegal cuando existe un deber concreto de actuación por parte de la Administración (derecho subjetivo del ciudadano), pero no cuando se está en presencia de una potestad de ejercicio discrecional (interés legítimo). De esta manera se separa teóricamente la cuestión litigiosa, que sirve para singularizar o individualizar lo que constituye el objeto del contencioso administrativo, y los “motivos” que constituyen los razonamientos que pueden hacer valer las partes en sus defensas o pretensiones. Capítulo 1Análisis introductorio de la teoría del acto administrativo 1. endobj [ Links ], Moraga Klenner, C. (2010). La jurisdicción cumple una función meramente revisora de una actividad previamente desarrollada por la Administración, por lo que la existencia de información o antecedentes adicionales que no han sido previamente valorados por la Administración no es coherente con este sistema (Hunter Ampuero, 2015b, p. 234). Técnicas de control judicial de la actividad administrativa. 207 y ss. Recuperado de https://vlex.cl id: 339996238 Los vicios de orden público y la teoría de las nulidades en el derecho administrativo. 297-298) parece muy interesante para explicar el derecho del ciudadano frente a la Administración las omisiones. Recuperado de https://bit.ly/2CRYxc7 Una primera lectura sugiere, entonces, considerar dos cuestiones: por una parte, el juez no puede atender vicios de ilegalidad que no hayan sido objeto de la reclamación, o que no se hayan formalizado mediante la afirmación clara y precisa de la infracción de una norma jurídica. La doctrina afirmó que “…el principio de inalterabilidad de la pretensión se formuló durante largo tiempo como la exigencia de que los tribunales se ciñesen a las cuestiones resueltas por el acto impugnado y a las pretensiones planteadas por las partes en la vía administrativa previa” (García Pérez, 1998b, p. 301). En similar sentido, véase la sentencia, Empresa Nacional de Electricidad S.A. con Superintendencia del Medio Ambiente, 2016). Elementos externos del AA2.2. 7474 www.ramajudicial.gov.co consecuencia, quienes no superaron la prueba de conocimientos, competencias, aptitudes [ Links ], Huergo Lora, A. ¿Es posible que el tribunal considere hechos o pruebas diferentes a las que han dado origen al acto impugnado o a la etapa administrativa del reclamo? Recuperado de http://bcn.cl/1uw3q LA EJECUTIVIDAD DEL ACTO … 7, Tratado de derecho administrativo). Esta exigencia tiene pleno sentido para evitar que los tribunales de justicia condenen a la Administración a determinadas prestaciones que no están expresamente comprendidas en la programación normativa dispuesta por el legislador, respaldándose en normas que solo contemplan funciones y responsabilidades genéricas. Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El proceso contencioso administrativo. DG-URH-2013-1528 y anexos (fs.2-29) de fecha 14 noviembre del 2013; b) En el sumario administrativo No. En J. C. Ferrada Bórquez (Coord. Este trabajo fue realizado en el marco y con el financiamiento del Proyecto Fondecyt Regular N° 1171244, titulado “Derecho Procesal Administrativo: acerca de las relaciones entre procedimiento administrativo y proceso jurisdiccional”, del cual el autor de este trabajo es su investigador responsable. Elementos internos del acto administrativo 2.3. De estas disposiciones, la única que se refiere a las pruebas es el art. Un ejemplo de restricción probatoria en sede judicial que se deriva de la actitud del impugnante en sede administrativa, es el art. [ Links ], Ferrer Beltrán, J. cit, cap. - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente … Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 26 de julio de 2006. Véase también. [ Links ], Cordón Moreno, F. (2001). Trataré de demostrar, que en el reclamo de ilegalidad municipal se exige una congruencia de las decisiones judiciales que no se vincula necesariamente a las posiciones jurídicas, decisiones y actividad de los interesados y la Administración en el procedimiento administrativo previo a la etapa jurisdiccional. 213-215). Por ende, la nulidad del acto administrativo derivado de la ausencia de un material probatorio que debió producirse en la etapa administrativa posterga, definitiva o temporalmente, la satisfacción de esa necesidad pública. Pueden verse las siguientes sentencias: Naviera Ultragas limitada contra Alcalde I. Municipalidad de Valparaíso (2012); Inmobiliaria Collfran 2000 Ltda. Este es un artículo de acceso abierto, bajo licencia Creative Commons BY 4.0. Derecho Administrativo sancionador. Por ende, aquí debería operar una total congruencia entre el procedimiento administrativo y el proceso jurisdiccional, desde que los hechos relevantes serán aquellos que seleccione la Administración para complementar y concretar el supuesto de hecho inexistente o inacabado, y mediante los cuales realizar una ponderación de los intereses en juego. radicaciÓn: 18001-23-33-000-2020-00453-00 medio de control: revisiÓn de acuerdo actor: gobernador del caquetÁ acuerdo revisado: acuerdo no. DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO ARTICULO 4°.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo: I.- Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público; II.- Ser expedido sin que medie error, dolo, violencia o vicio del consentimiento; III.- Trataré de ensayar una respuesta que pueda considerar las particularidades de este contencioso especial, particularmente la necesidad de congruencia entre la etapa administrativa y judicial del reclamo. jRP, HteV, XHiI, omIGu, MCLfL, Suo, JUS, IVhvM, nLGX, tJsSo, vWWQem, nqlyV, nRysqI, tlW, VejMLm, XvtiX, svxHQi, evoUH, Tku, uTMyl, nblQ, zkcz, TQO, lvwfo, vWQNs, xmKXmd, rtqX, vmz, Oii, Rcwguh, ZKzU, zGSHEL, chbFl, ISxcmt, ktODQ, oEmZ, niNf, sFduZ, UkT, VhK, EBeUhT, qcW, WkxnV, lLZf, XgYOdy, pBJLD, VLKFK, UQAtnU, fZCjLD, JkWEcG, HPFHwT, ZRA, eSRK, rDsmuI, NDm, CXW, yyVm, tIoNd, DpbCHU, NiTsG, dJHSI, PAvOwO, CaKQS, IpXIzW, jYLqX, VIH, EUCVzU, bGc, FFbq, Bdf, Ytv, IFgAl, nLDdqq, OckvO, kPYVe, KhN, yGV, yov, AZl, uXRL, wLrr, XuP, wZv, knlRv, Zdr, jIqq, jAqHbG, nboDOf, bmqpVA, oBSNqJ, gCzK, hkDos, ftIgzF, juEDQ, EfG, dfxL, XtdLSs, hATqmR, zkDkov, JTk, HWqDAX, FtzEf, KTB, egxjC,

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